El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzga este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia, por no haber descolgado una pancarta con simbología independentista de la fachada de la sede de su Gobierno durante la campaña de las elecciones generales que tuvieron lugar el pasado 28 de abril, a pesar del requerimiento de la Junta Electoral Central.
Como consecuencia, Torra se enfrenta ahora a una pena de inhabilitación que podría poner fin a su mandato en el Ejecutivo catalán. Esta circunstancia, a su vez, abriría un periodo de incertidumbre sobre el futuro del Gobierno regional, dirigido actualmente por las formaciones soberanistas Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, a la que pertenece Torra.
Entre 20 meses y dos años de inhabilitación
La Fiscalía pide una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, al entender que desoyó las órdenes de la autoridad electoral vigente, que le obligaban a descolgar la pancartas que contenían los lazos amarillos [símbolo a favor de la liberación de los líderes independentistas juzgados entonces por el Tribunal Supremo].
El partido ultraderechista Vox, por su parte, se ha personado en la causa para ejercer la acusación popular, y solicita dos años de inhabilitación para el acusado más el pago de una multa de 72.000 euros. El juez itió el ingreso de esta formación en el juicio bajo la advertencia explícita de que no toleraría "una acusación maliciosa".
Es previsible, dada la escasa complejidad de los hechos a juzgar, que la sentencia se conozca en las próximas semanas. En caso de resultar condenatoria, Torra podrá aún recurrir al Supremo de la nación, con lo que su eventual inhabilitación, en caso de ser confirmada por el Alto Tribunal, podría no tener efecto hasta dentro de varios meses. El Supremo tarda una media de nueve meses en resolver esta clase de recursos.