El exsecretario de Seguridad Pública de México fue sentenciado junto a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar una multa de 2.488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales a favor de empresas privadas durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
De acuerdo con el medio mexicano El Universal, el fallo fue emitido por la jueza Lisa Walsh en una Corte de Miami, EE.UU., tras la petición que hizo recientemente el Gobierno mexicano para que ambos fuesen declarados culpables sin necesidad de juicio debido a que no comparecieron en persona ni a través de algún abogado, desde que fueron acusados por estos delitos en 2021.
El Ejecutivo mexicano considera que García Luna y su esposa favorecieron a través de una trama corrupta a la familia Weinberg, de origen israelí, y su conglomerado de 80 empresas que están distribuidas entre Panamá, EE.UU. y México. La trama delictiva permitió que los involucrados obtuvieran de forma ilícita y mediante sobornos al menos 30 contratos de seguridad con instituciones estatales, que generó un desfalco de 634 millones de dólares.
México señala que este dinero fue transferido a paraísos fiscales, al estado de Florida, en EE.UU., y utilizado para la compra de bienes muebles e inmuebles, entre otros activos repartidos entre los involucrados. Por esa razón, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó, el 21 de septiembre de 2021, una demanda civil ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar los fondos robados.
La jueza Walsh había dado, hasta el pasado 28 de abril, la oportunidad a los acusados de defenderse para concretar un acuerdo o ir a juicio. García Luna, quien está preso en EE.UU. tras ser condenado en octubre de 2024 a 38 años de cárcel por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y conspirar a favor del narcotráfico, nunca mostró interés de defenderse en este caso.
Su esposa, Cristina Pereyra, a pesar que envió en un principio a su abogado, el litigante finalmente se retiró del caso. Luego, tampoco asistió a las audiencias de mediación, motivo por el que la jueza Walsh decidió condenarlos a pagar la multa multimillonaria.