La lujosa urbanización de Marina de Valdecañas, ubicada en la provincia española de Cáceres, lleva años en litigios judiciales para intentar evitar su demolición, ordenada hace una década por el Tribunal Supremo.
Todas las construcciones son consideradas ilegales por estar levantadas en una isla, ubicada en un embalse que pertenece a un área protegida medioambientalmente.
Su permanencia ha estado siempre avalada por la política local. Siguiendo esa línea, el Gobierno de Extremadura intenta ahora salvarla del derrumbe borrando a la isla del mapa de la zona de protección de aves —no así al resto del embalse— para que salga indemne del litigio, según informa elDiario.es.
En esa urbanización, conocida por muchos como el 'paraíso extremeño de los famosos', tienen su segunda residencia el hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar; los Huarte, una prominente familia vinculada con la construcción, así como otras 'castas' de empresarios como los Vargas Zúñiga y los Abelló; el bisnieto del rey Alfonso XIII, Alfonso Galobart; y artistas como Carlos Baute, que vendió su inmueble hace poco, según recoge la prensa española.
La urbanización comenzó a construirse en 2007 y sufrió el primer revés judicial serio en 2014, cuando el Tribunal Supremo ordenó su demolición total por haberse levantado sin permisos sobre un área protegida.
Antes de esta tentativa, el ámbito político ya intentó su protección. En 2023, el Gobierno regional, entonces en manos del partido del presidente Pedro Sánchez, aprobó una ley ad hoc para intentar la legalización del resort.
Ahora el Tribunal Constitucional analiza la sentencia del Supremo y los recursos presentados en su contra, que podrían culminar con la mayor demolición de construcciones ilegales del país.