Según los datos recobrados por la auditoría del Departamento de Justicia, no todos los trece empleados del Servicio Secreto inmersos en el escándalo (algunos de ellos guardaespaldas del presidente Barack Obama) contrataron los servicios sexuales durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias por sus propios medios. Al menos uno de ellos, el agente supervisor, pidió ayuda a su colega de otra agencia federal.
El agente de la DEA consiguió una prostituta para que le diera un masaje a su amigo del Servicio Secreto. A continuación la pareja tuvo una relación sexual y después el mismo agente antidrogas se encargó de pagarle a la mujer sus servicios.
Los investigadores descubrieron también que otros tres agentes antidrogas borraron la información de sus Blackberry oficiales, en medio de la investigación del escándalo. Por ello, cobró fuerza la suposición de que la contratación de trabajadoras sexuales para los guardaespaldas del presidente durante las visitas oficiales podía ser generalizada entre los agentes de la DEA que prestan servicio en la región.
Después del cierre de la Cumbre las autoridades de EE.UU. iniciaron una pesquisa por la inapropiada conducta de los agentes. Ante todo sacaron conclusiones referentes a los temas de seguridad del presidente y otros altos funcionarios durante sus visitas al extranjero.
Fue condenada por "inisible" la invitación de al menos 20 mujeres ajenas a la función del servicio a la zona cerrada del complejo hotelero que acogía la Cumbre. A raiz del caso fueron redactadas unas nuevas normas de comportamiento para el Servicio Secreto, en las que a partir de aquel momento se prohíbe el consumo alcohol e invitar a los hoteles a extranjeros durante los viajes de comisión.