Según los impulsores de la idea, es importante llevar la cuestión a la organización regional ya que es un tema preocupante que tiene lugar en varios países latinoamericanos. El representante de la oposición uruguaya, el diputado Gerardo Amarilla, sostiene que la ley de la despenalización del aborto recientemente aprobada viola los derechos humanos, por lo que es necesario "lograr la defensa de la vida de los más vulnerables, especialmente de los seres humanos concebidos pero aún no nacidos".
Los representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la vida, entre ellos juristas, también participan en la preparación de la denuncia contra el Estado uruguayo, que será elevada en aproximadamente seis meses a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Además, se destaca que la ley del aborto viola varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.
Hace unos días el presidente uruguayo, José Mujica, ratificó la ley aprobada por el Parlamento de su país que despenaliza el aborto hasta la 12.ª semana de gestación. Esta medida no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Estas medidas incluyen pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de cinco días de reflexión antes de someterse a la intervención. Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y, por lo tanto, penalizados.
Según la estadística oficial, anualmente en Uruguay se hacen más de 30.000 abortos. Con la nueva ley esta cifra aumentará, señalan algunas organizaciones no gubernamentales.